lA SOBERANIA DEL PUEBLO DURANTE LA EPOCA DE LA INDEPENCIA 181O-1815

El año de 1808 marcó en el conjunto de la Monarquía española una profunda
renovación de los principios de la soberanía del pueblo y de la representación política,
que anunciaron vientos de modernidad y serán los pilares de la historia que escribimos
a continuación. En 1810 las provincias de la Nueva Granada reasumieron la soberanía
y constituyeron gobiernos provisionales. A partir de 1811 estas provincias se
erigieron en Estados y declararon su independencia de España. Desde el principio
de la crisis se presentó un problema: la imposibilidad de constituir un gobierno
legítimo para el conjunto del reino. Quienes asumieron la soberanía en un primer
momento fueron las ciudades capitales en nombre de sus provincias, pero luego,
las ciudades secundarias se declararon a su vez “pueblos soberanos”, reclamando
para sí el derecho a la soberanía. Esta ‘multiplicación’ territorial de la soberanía
trajo como consecuencia la imposibilidad de constituir un gobierno general, lo cual
desembocó en el desmembramiento del reino y finalmente en la guerra civil,
fenómeno que perdurara hasta la llegada de Pablo Morillo y la Reconquista.
En la primera parte de este trabajo seguimos los debates que sostuvieron Santafé,
Cartagena y Mompox durante el año de ruptura, 1810, para intentar comprender el
proceso de reapropiación de la soberanía por parte de las diferentes comunidades
políticas del reino. Cartagena fue la primera ciudad que le negó a Santafé el título de
capital y la primera que intentó crear un nuevo “centro de reunión” para el reino. La
Villa de Mompox procuró separarse de la Provincia de Cartagena, a la cual pertenecía,
e intentó a su vez convertirse en Provincia. En una segunda parte articulamos dos
fenómenos: por un lado la multiplicación de la soberanía, y por otro, el intento de
las provincias por representar al reino, para comprender cómo se construyó la
legitimidad política entre los años 1811 y 1815. Utilizamos como fuentes los diarios
oficiales, las publicaciones privadas, los periódicos, las hojas que circulaban, las
comunicaciones oficiales, los discursos publicados y los debates constitucionales
del Colegio Electoral y Constituyente de Cundinamarca de 1811.

En el año de 1810 los habitantes de la América española creían que la Península
estaba perdida, por lo tanto, buscaban conservar los derechos de Fernando VII del
enemigo exterior -los invasores franceses-, y en el intervalo reasumía la soberanía el
“pueblo”. Esta soberanía en un principio era transitoria, pues se esperaba que el rey
regresara. En el Nuevo Reino de Granada ese año principió con la formación de
Juntas de Gobierno Provinciales y terminó con el primer intento para reunir un
Congreso del Nuevo Reino. A partir del concepto de la “soberanía del pueblo” se
construyó entonces la nueva legitimidad política. ¿Pero cuál era ese pueblo declarado
soberano?

Cartagena fue la primera ciudad de la Nueva Granada que constituyó una Junta de
Gobierno. De acuerdo con el Acta del cabildo con fecha del 22 de mayo, ese día en
la Plaza Mayor de la ciudad se encontraba el “pueblo reunido”. El cabildo, en su
nombre, y con la aprobación de Don Antonio Villavicencio, comisario enviado por
el Consejo de Regencia, instauró una Junta Autónoma de Gobierno, conformada
por el Gobernador Montes y dos miembros del cabildo1 . Más tarde, el 14 de junio

y consignado en el acta como respuesta a las demandas del “pueblo”, el cabildo
depuso al Gobernador y en su lugar nombró como presidente de la Junta al teniente
del Rey, Blas de Soria.
A su turno, Cali (el 3 de julio), Pamplona (el 4 de julio), Socorro (el 10 de julio),
Santa Marta (el 10 de agosto), Santafé (el 20 de julio), Antioquia (el 31 de agosto),
Quibdó (el 16 de septiembre), Neiva (el 22 de septiembre) y Nóvita (el 27 de
septiembre), conformaron sus propias Juntas de gobierno2 (ver Mapa). Al igual que
en Cartagena, el “pueblo reunido en la Plaza” central transmitió el poder a los
cabildos y a representantes que nombró por vía de la aclamación en ese mismo
momento. En seguida, los cabildos y los representantes constituyeron Juntas de
Gobierno Provisionales. Eran provisionales porque, como dicen las proclamas de
las mismas Juntas, se creía que la Península estaba perdida y por lo tanto buscaban
conservar los derechos de Fernando VII durante su ausencia temporal.